Ley de Contrataciones entra en vigencia con prisión para funcionarios que negocien con el Estado

La nueva Ley de Contrataciones Públicas (Ley 47-25) comenzara a aplicarse este miércoles, sustituyendo de forma definitiva la antigua normativa aprobada en 2006, e introduciendo un régimen sancionador más estricto que incluye penas de prisión para funcionarios y legisladores que negocien con el Estado. 

La legislación, promulgada por el presidente Luis Abinader el 28 de julio de 2025, se publicara este martes, tras varios años de estudio en el Congreso, establece castigos de dos a cinco años de cárcel para quienes participen en negocios con el Estado, así como sanciones más severas, de hasta diez años de prisión, para contratistas o empresarios que incurran en sobornos o corrupción relacionada con las contrataciones públicas. 

Además de las penas privativas de libertad, la nueva normativa obliga a que todas las compras estatales se gestionen mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, un mecanismo digital que registra cada fase del proceso para garantizar transparencia y control. Cualquier contratación efectuada fuera de este sistema carecerá de validez legal y podría acarrear sanciones. 

La pieza legal también incluye otras medidas para evitar prácticas como la fragmentación de contratos para evadir supervisión, y dispone que las instituciones solo podrán comprar fuera de la plataforma virtual cuando demuestren que un proveedor externo ofrece mejores condiciones, con autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas.