“Amenaza producción nacional”: Crece preocupación por temor de eliminar Decreto 693-24
Mejía Betances afirmó que el arroz no es un producto agrícola cualquiera, constituye uno de los alimentos esenciales del dominicano
SANTO DOMINGO.- Tras darse a conocer la propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) quien destacó la importancia de que el presidente Luis Abinader derogue el Decreto 693-24, el cual establece medidas arancelarias para algunos productos y el arroz, que lo declara “sensible” para la soberanía y seguridad alimentaria del país, crece la preocupación de distintos sectores sobre este tema.
El pasado 11 de septiembre, la USTR consideró que esta medida es necesaria para cumplir con las obligaciones de acceso al mercado de República Dominicana en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), en lo relativo al arroz estadounidense.
Durante el encuentro los embajadores “señalaron la oportunidad de fortalecer la relación económica bilateral entre nuestros países”.
“Está en juego la supervivencia de la producción nacional”
El analista político y financiero Juan Ramón Mejía Betances, autor de una carta pública dirigida al presidente Luis Abinader y a las autoridades responsables de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, advirtió sobre las graves consecuencias que tendría para República Dominicana una apertura irrestricta del mercado nacional del arroz.
Mejía Betances afirmó que el arroz no es un producto agrícola cualquiera, constituye uno de los alimentos esenciales de la dieta dominicana y un componente fundamental de la seguridad alimentaria nacional. Su producción permite reducir la dependencia del exterior y preservar la capacidad del país para alimentar a su población, especialmente en momentos de conflictos internacionales, interrupciones del comercio, fenómenos climáticos o aumentos extraordinarios de los precios.
El también secretario de Estrategia Nacional de Desarrollo de la Fuerza del Pueblo, señaló, además, que alrededor del cultivo del arroz subsiste unaextensa cadena económica y social integrada por productores, trabajadores agrícolas, técnicos, transportistas, factorías, comerciantes y comunidades completas cuya estabilidad depende directa o indirectamente de esta actividad.
“No estamos hablando solamente del precio de una libra de arroz. Está en juego la supervivencia de la producción nacional, miles de productores y empleos rurales, la economía de numerosas comunidades y la capacidad de la República Dominicana para garantizar uno de los alimentos fundamentales de su población. Desmantelar esa estructura productiva sería relativamente fácil; reconstruirla, cuando el país vuelva a necesitarla, podría resultar extremadamente costoso o incluso imposible”, advirtió.
Mejía Betances manifestó que “mi exhortación es clara: la República Dominicana no debe derogar unilateralmente el Decreto 693-24 ni aceptar una apertura irrestricta del mercado del arroz sin obtener previamente una solución negociada, vinculante y verificable que proteja a nuestros productores y establezca condiciones comerciales verdaderamente justas y recíprocas”.
Sostuvo que defender la producción arrocera no significa rechazar el comercio internacional, sino reconocer que ningún acuerdo comercial puede colocar en riesgo la seguridad alimentaria, el empleo rural y la estabilidad social de la nación.
“El arroz es alimento, trabajo y seguridad nacional. Su futuro no puede decidirse únicamente a partir de presiones comerciales ni de cálculos arancelarios; debe decidirse pensando en el derecho del pueblo dominicano a conservar la capacidad de producir su propio alimento”, concluyó.
¿Por qué genera preocupación entre los productores dominicanos?
La posible eliminación de estas medidas genera preocupación en el sector arrocero dominicano, debido a que una modificación del esquema vigente podría facilitar una mayor entrada de arroz estadounidense al mercado nacional bajo las condiciones establecidas por el DR-CAFTA.
Los productores locales temen que un aumento de las importaciones genere una mayor competencia para el arroz producido en el país y ejerza presión sobre los precios, lo que podría afectar sus ingresos y la rentabilidad de la producción.
La discusión enfrenta, de esta manera, los compromisos comerciales asumidos por República Dominicana con Estados Unidos y la protección de una actividad agrícola considerada estratégica por las autoridades dominicanas.
El punto de la desgravación
El origen de la controversia también está relacionado con el calendario de desgravación arancelaria establecido en el DR-CAFTA.
En términos sencillos, la desgravación consiste en reducir progresivamente los impuestos que paga un producto importado hasta llegar a la eliminación del arancel al concluir el período establecido en el acuerdo.
En el caso del arroz estadounidense, el Gobierno dominicano ha señalado que el DR-CAFTA contemplaba su libre importación a partir del 1 de enero de 2025. El presidente Luis Abinader, en febrero de ese año, defendió el Decreto 693-24 como una medida para proteger a los productores nacionales ante ese escenario.
Con el decreto vigente, sin embargo, República Dominicana mantiene un esquema que permite una cuota de arroz estadounidense con arancel cero y establece un arancel de 99 % para las cantidades que superen ese volumen.
Por su parte, Estados Unidos sostiene que este mecanismo debe ser eliminado para garantizar el acceso al mercado dominicano contemplado en el DR-CAFTA. La USTR también manifestó su disposición a continuar las conversaciones con República Dominicana sobre un eventual Acuerdo de Comercio Recíproco.
Hasta el momento, el planteamiento estadounidense constituye una solicitud de derogación del decreto dentro de las conversaciones comerciales entre ambos países; la información divulgada no indica que el Gobierno dominicano haya anunciado la eliminación de la disposición.
¿En qué consiste el CAFTA-DR?
El DR-CAFTA es un Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, un acuerdo comercial multilateral diseñado para eliminar aranceles y estimular el intercambio de bienes y servicios
En cuanto al Decreto 693-24, emitido por el presidente Luis Abinader el 17 de diciembre de 2024, establece medidas arancelarias para los productos de arroz y lo declara un producto sensible para la soberanía y seguridad alimentaria del país. La disposición señala que mantener una producción nacional estable de arroz es clave para garantizar el abastecimiento de la población.
Este establece un 20 % de arancel ad valorem dentro del contingente y 99 % fuera de este para los productos de arroz contemplados en la medida.
En el caso del arroz originario de Estados Unidos, establece una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas con 0 % de arancel, mientras que fuera de esa cuota se aplica un arancel de Nación Más Favorecida (NMF) de 99 % ad valorem.
Reacciones ante “una amenaza a la producción”
Como parte de las reacciones tras el anuncio, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) defendió que la producción nacional de arroz se mantenga protegida frente a las importaciones, al considerar que el cereal tiene importancia económica, social y estratégica para la seguridad alimentaria del país.
La organización señaló que el arroz representa alrededor del 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y sostiene una cadena de valor de la que dependen unos 30,00 productores y más de 300,00 empleos directos e indirectos.
En un comunicado, Confenagro advirtió de que una apertura indiscriminada de las importaciones expondría a los productores dominicanos a una competencia desigual por las diferencias en escala de producción, tecnología, financiamiento, infraestructura y apoyo estatal entre República Dominicana y Estados Unidos.
Como ejemplo, citó que entre 2019 y 2020 los productores estadounidenses recibieron unos 629 millones de dólares únicamente a través del programa de Cobertura de Pérdidas (PCE), según datos aportados por la organización.
Asimismo, el exsenador por Sánchez Ramírez, Félix Vásquez, defendió la necesidad de preservar la producción arrocera nacional y acompañar a los productores para que puedan mantenerse competitivos.
Vásquez planteó su posición desde su experiencia de décadas en el sector al recordar que en 1975 inició formalmente su labor como molinero de arroz, aunque desde años antes ya estaba vinculado a esta actividad.
“Cuando hablo del arroz dominicano, no lo hago solamente desde la experiencia política que posteriormente adquirí como legislador y senador de la República; hablo, sobre todo, desde el conocimiento de una actividad a la que he dedicado buena parte de mi vida”, afirmó.
A partir de esa experiencia, sostuvo que preservar la capacidad del país para producir sus propios alimentos constituye un aspecto fundamental para su seguridad y su futuro, por lo que consideró necesario proteger al sector arrocero frente a condiciones que puedan afectar su permanencia.
“El arroz dominicano no es solamente un producto. Es trabajo, tradición, inversión y sustento. Es parte de nuestra vida rural y de nuestra mesa”, sostuvo.
De su lado, el partido Frente Amplio advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que tendría la eventual derogación del Decreto 693-24, al considerar que una apertura abrupta del mercado podría poner en riesgo la producción nacional de arroz, miles de empleos y la seguridad alimentaria de República Dominicana.
María Teresa Cabrera señaló que el arroz no puede ser tratado como una mercancía cualquiera, debido a su importancia dentro de la alimentación de la población y al peso que tiene dentro de la estructura productiva nacional.
Destacó que alrededor de la actividad arrocera se articula una extensa cadena que incluye productores, trabajadores agrícolas, factorías, transportistas, proveedores de insumos y maquinarias, servicios financieros, almacenamiento y comercialización.
De acuerdo con un comunicado, la dirigente del Frente Amplio sostuvo que, de acuerdo con las cifras oficiales citadas por el sector, la actividad arrocera involucra a más de 30,000 productores y genera alrededor de 80,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos.
Agregó que el arroz representa además entre 13 % y 15 % del PIB agropecuario, por lo que una reducción significativa de la producción nacional tendría efectos que trascenderían al propio sector agrícola.
“El país no está preparado para enfrentar la exigencia de Estados Unidos”
Para el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Tito Hernández, la solicitud de Estados Unidos coloca al país ante una realidad que durante años se quiso ignorar: “no estamos preparados para enfrentar la apertura total del mercado del arroz establecida en el DR-CAFTA”.
Señaló que durante aproximadamente 20 años hubo tiempo suficiente para modernizar los sistemas de riego, reducir los costos de producción, renovar las variedades, fortalecer la investigación, ampliar el financiamiento, mejorar la mecanización y desarrollar una verdadera política nacional de competitividad arrocera. Pero no se hizo.
“Esa responsabilidad debe ser asumida por el Estado y por las sucesivas administraciones que gobernaron durante ese período. No sería justo trasladar ahora a los productores las consecuencias de dos décadas de insuficiente planificación e inversión”, indicó.