RD Debate aborda tema haitiano; Sanon afirma Gobierno dominicano es quien los deja entrar
SANTO DOMINGO.- La política migratoria dominicana, el control de la frontera, las deportaciones, la seguridad nacional y las relaciones entre República Dominicana y Haití fueron los principales temas analizados durante una nueva edición de RD Debate, celebrada este domingo 11 de octubre, donde representantes de distintos sectores intercambiaron posiciones sobre uno de los temas de mayor interés para el país.
El debate reunió al vicepresidente del Partido Generación Solidaria de Haití, Eustache Sanon; los juristas José Eliseo Almánzar y José Martínez Hoepelman; la exdiputada Guadalupe Valdez; el abogado y comunicador Eduardo Saint-Hilaire; el líder de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vásquez; y el comunicador y analista político Ariel Lara.
Control fronterizo y política migratoria
Uno de los principales puntos de discusión fue el control de la frontera y la responsabilidad del Estado dominicano en la administración de la política migratoria.
El dirigente haitiano Eustache Sanon afirmó que corresponde a las autoridades dominicanas impedir el ingreso irregular de personas al territorio nacional y sostuvo que las fallas en la vigilancia fronteriza no pueden atribuirse exclusivamente a los ciudadanos haitianos. En ese sentido, expresó que si una persona logra entrar al país es porque existen deficiencias en los mecanismos de control del Estado. También consideró necesario revisar la forma en que se ejecutan las deportaciones, mejorar las condiciones de traslado de los ciudadanos haitianos y promover una discusión más amplia sobre la migración que incluya los aportes económicos y sociales de los trabajadores extranjeros.
Por su parte, el jurista José Eliseo Almánzar afirmó que ninguna legislación migratoria tendrá resultados mientras la frontera permanezca vulnerable. A su juicio, la política migratoria solo será efectiva si el Estado fortalece la vigilancia fronteriza y hace cumplir las leyes. Asimismo, defendió que las deportaciones se ejecuten respetando los procedimientos legales y resaltó que las relaciones entre República Dominicana y Haití también deben analizarse desde el punto de vista histórico y económico, destacando el volumen del intercambio comercial entre ambas naciones.
La exdiputada Guadalupe Valdez coincidió en que la República Dominicana tiene el derecho de controlar sus fronteras y aplicar su legislación migratoria. Sin embargo, insistió en que las actuaciones de las autoridades deben desarrollarse respetando el debido proceso, la Constitución y los derechos fundamentales de las personas sometidas a procedimientos migratorios. También planteó fortalecer los controles fronterizos para combatir el tráfico de personas y la corrupción.
Deportaciones y regularización de extranjeros
Las deportaciones fueron otro de los temas que concentró buena parte de las intervenciones.
Sanon consideró que estos operativos deben realizarse respetando las garantías de los ciudadanos haitianos y propuso establecer mecanismos que permitan regularizar la situación de trabajadores haitianos que ya laboran en República Dominicana, de manera que puedan hacerlo dentro del marco legal.
Guadalupe Valdez sostuvo que las deportaciones deben evaluarse caso por caso y rechazó la aplicación de procedimientos colectivos. Además, planteó fortalecer los sistemas de registro e identificación de trabajadores extranjeros mediante herramientas biométricas y establecer soluciones para quienes llevan años laborando en el país con permisos vencidos.
En contraste, el abogado Eduardo Saint-Hilaire rechazó la regularización automática de extranjeros que ingresan de forma irregular y defendió que los permisos laborales deben obtenerse antes de entrar al territorio nacional. Consideró que quienes incumplan la legislación deben someterse a los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias.
El jurista José Martínez Hoepelman defendió el incremento de las deportaciones como parte de una estrategia para preservar la soberanía nacional y sostuvo que la República Dominicana dispone de instrumentos legales suficientes para enfrentar la migración irregular, aunque entiende que hace falta mayor voluntad política para aplicarlos.
Por su parte, Ariel Lara respaldó la continuidad de las deportaciones y afirmó que los extranjeros que deseen ingresar al país deben hacerlo exclusivamente por las vías legales y respetando las disposiciones migratorias vigentes.
Responsabilidad de empresarios y empleadores
Uno de los pocos puntos donde la mayoría de los participantes coincidió fue en la responsabilidad de quienes facilitan la permanencia de migrantes en condición irregular.
José Eliseo Almánzar afirmó que la problemática migratoria no puede recaer únicamente sobre quienes ingresan al país sin documentos, sino también sobre propietarios que alquilan viviendas y empleadores que contratan mano de obra irregular, especialmente en la agricultura y la construcción.
Guadalupe Valdez también favoreció sanciones contra empresas que incumplan la legislación migratoria y llamó a buscar soluciones para trabajadores cuyos documentos hayan vencido, procurando equilibrar el cumplimiento de la ley con las necesidades del mercado laboral.
Eduardo Saint-Hilaire atribuyó parte del problema a intereses económicos y actos de corrupción que, según afirmó, debilitan la política migratoria. Cuestionó la contratación irregular de trabajadores extranjeros y sostuvo que los empresarios deben asumir plenamente sus responsabilidades.
José Martínez Hoepelman propuso endurecer las sanciones económicas y administrativas contra empresarios, propietarios y transportistas que faciliten la migración irregular. Asimismo, planteó revisar los alquileres a extranjeros mediante mecanismos de supervisión estatal y aumentar las penalidades previstas en la legislación.
Ángelo Vásquez coincidió en que el Estado debe aplicar un régimen de consecuencias más severo contra quienes empleen o alojen migrantes irregulares. A su juicio, si se hiciera cumplir la ley con mayor firmeza disminuiría la migración irregular y también el gasto público destinado a deportaciones.
Ariel Lara sostuvo que República Dominicana posee suficientes leyes, pero carece de consecuencias reales para quienes las incumplen, particularmente en sectores productivos que dependen de mano de obra extranjera sin documentación.
Seguridad, soberanía y relaciones dominico-haitianas
Las implicaciones de la migración irregular sobre la seguridad y la soberanía también ocuparon un espacio importante durante el intercambio.
El abogado José Martínez Hoepelman sostuvo que la migración haitiana representa una realidad que el país debe contener mediante el fortalecimiento de la frontera y la aplicación estricta de la Ley General de Migración. En ese sentido, propuso endurecer las sanciones contra quienes faciliten la contratación de trabajadores irregulares, revisar los mecanismos de alquiler de inmuebles a extranjeros y establecer controles sobre el transporte de migrantes en condición irregular. Asimismo, planteó reforzar la legislación para garantizar un mayor cumplimiento de las disposiciones migratorias.
Por su parte, Ángelo Vásquez expresó preocupación por la inseguridad que, según afirmó, enfrentan algunas comunidades debido a delitos atribuidos a ciudadanos haitianos en condición irregular. Además, propuso reforzar la seguridad fronteriza mediante un muro complementado con sistemas tecnológicos, inteligencia y mayor presencia del Estado en la zona limítrofe.
También abogó por desarrollar económicamente las comunidades fronterizas para fortalecer la presencia dominicana en esa región y sostuvo que las autoridades haitianas deben asumir mayor responsabilidad frente a la crisis que atraviesa su país.
Mientras tanto, Ariel Lara defendió el fortalecimiento de la soberanía nacional mediante el cumplimiento estricto de las leyes migratorias. Criticó lo que calificó como una falta de consecuencias para quienes facilitan la contratación de trabajadores irregulares y cuestionó los costos que, según planteó, representa la migración irregular para los servicios públicos, especialmente el sistema hospitalario. También expresó preocupación por la seguridad durante actividades multitudinarias y consideró necesario reforzar los controles para evitar el ingreso de personas sin la debida identificación.
En contraste, Eustache Sanon insistió en que la discusión debe desarrollarse sobre la base de responsabilidades compartidas y sostuvo que la migración no debe analizarse únicamente desde la óptica de la seguridad, sino también tomando en consideración sus dimensiones económicas, laborales y sociales.
Polémica por las declaraciones de Wilson Isidor
Otro de los temas debatidos fue la controversia generada por las declaraciones del futbolista haitiano Wilson Isidor, quien afirmó que «La Española es Haití» tras el partido entre las selecciones de ambos países.
Sobre este punto, Eustache Sanon consideró que esas expresiones deben interpretarse dentro del contexto propio de la celebración deportiva y no como una posición política oficial.
En una línea similar, José Eliseo Almánzar estimó que las declaraciones respondieron a la euforia del momento, aunque reconoció que pudieron resultar inoportunas por el contexto que viven ambas naciones.
Por el contrario, Eduardo Saint-Hilaire sostuvo que figuras públicas, independientemente de su profesión, deben asumir responsabilidad por sus declaraciones y conocer la historia de las relaciones entre República Dominicana y Haití, rechazando que la polémica pueda justificarse únicamente por tratarse de un escenario deportivo.
Guadalupe Valdez llamó a evitar que esta controversia desplace el debate sobre las verdaderas prioridades de la política migratoria y abogó por concentrar los esfuerzos en fortalecer la institucionalidad y encontrar soluciones a los desafíos comunes entre ambos países.
A su vez, José Martínez Hoepelman consideró que las declaraciones del futbolista reflejan una visión presente en sectores de la sociedad haitiana, mientras que Ángelo Vásquez y Ariel Lara coincidieron en que las diferencias entre ambos países deben enfrentarse fortaleciendo las instituciones dominicanas, la aplicación de las leyes y la protección de la soberanía nacional.
Debate plural
A pesar de las diferencias expresadas durante el encuentro, los participantes coincidieron en que la migración haitiana constituye uno de los principales desafíos que enfrenta la República Dominicana y que requiere respuestas institucionales capaces de combinar seguridad fronteriza, cumplimiento de la ley, respeto al orden jurídico y una discusión abierta sobre las implicaciones económicas, sociales, laborales y diplomáticas de este fenómeno.
Participaron como debatientes Eustache Sanon, José Martínez Hoepelman, Guadalupe Valdez, Eduardo Saint-Hilaire, Ángelo Vásquez, José Eliseo Almánzar y Ariel Lara. La moderación estuvo a cargo de Iluminada Muñoz y Víctor Gómez Casanova, con la participación del comunicador Brea Frank como moderador invitado.
RD Debate es una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), concebida como un espacio plural, independiente y democrático para promover el intercambio de ideas, fortalecer la libertad de expresión y fomentar una participación ciudadana más informada. Esta edición fue transmitida por RTVD, Z101, El Nuevo Diario y los medios aliados de la plataforma.