Condenado a 20 años pide anular sentencia alegando prescripción del caso y falsificación de pruebas
Santo Domingo, República Dominicana.- César Miguel Trinidad, condenado a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de un millón de pesos, solicitó la anulación de la sentencia que lo declaró culpable, alegando que el proceso penal fue iniciado cuando la acción ya había prescrito y que se utilizó una prueba documental presuntamente falsificada en su contra.
La defensa del condenado presentó un recurso de apelación que será conocido por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyos jueces deberán examinar los argumentos expuestos por los abogados y determinar si existen fundamentos legales para modificar o anular la decisión judicial.
Los representantes legales de Trinidad, Andrés Albrincole García y Manuel García, sostienen que su defendido no cometió los hechos que se le atribuyen y cuestionan la legalidad del procedimiento mediante el cual fue condenado a dos décadas de prisión.
De acuerdo con los argumentos presentados en el recurso, los hechos que dieron origen a la acusación habrían ocurrido entre los años 2000 y 2002, mientras que la denuncia fue presentada en 2024 y el proceso judicial se desarrolló en 2026.
La defensa argumenta que el caso había prescrito
Uno de los principales fundamentos de la apelación es la prescripción de la acción penal. Los abogados argumentan que, debido al tiempo transcurrido entre los hechos denunciados y el inicio del procedimiento judicial, las autoridades no podían continuar con la persecución penal de su representado.
Según la defensa, durante el período en que presuntamente ocurrieron los hechos estaba vigente el Código de Procedimiento Criminal, que establecía un plazo de 10 años para la prescripción de los crímenes.
En consecuencia, los juristas consideran que el proceso debió ser declarado extinguido antes de llegar a una sentencia condenatoria, debido a que, según su interpretación, habían transcurrido aproximadamente 23 años desde el período en que se produjeron los acontecimientos investigados.
Los abogados sostienen que la continuación del proceso, pese al tiempo transcurrido, habría vulnerado garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso y el derecho a una tutela judicial efectiva.
Cuestionan autenticidad de una prueba documental
Otro de los aspectos centrales del recurso presentado por la defensa es la supuesta falsificación de una prueba documental utilizada durante el proceso judicial.
Los representantes legales de Trinidad cuestionan la autenticidad de ese documento y consideran que su utilización constituye un motivo adicional para solicitar la anulación de la sentencia condenatoria.
La defensa también sostiene que el proceso estaría relacionado con una disputa sobre bienes y atribuye a la querellante, Berta Mabel Soto, intereses patrimoniales en el caso. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos de los abogados y deberán ser examinadas por los jueces competentes.
Solicitan libertad y archivo definitivo
En su recurso, los abogados solicitan que la Corte anule la Sentencia Penal núm. 54804-2026-SSEN-00161, emitida el 13 de mayo de 2026 por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo.
Asimismo, piden que se declare extinguida la acción penal por prescripción, se disponga la inmediata puesta en libertad de su representado y se ordene el cese de cualquier medida de coerción que pese en su contra.
De manera subsidiaria, en caso de que los magistrados no acojan el argumento de la prescripción, la defensa solicita que se revoque o anule la condena, al considerar que existen otros motivos legales que justificarían dejarla sin efecto.
La decisión corresponderá a los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, quienes deberán evaluar los planteamientos de la defensa y determinar si procede modificar la sentencia impugnada.
El recurso mantiene abierto el debate judicial sobre la legalidad del proceso y las alegadas irregularidades planteadas por los abogados del condenado, cuya responsabilidad penal y las solicitudes de anulación deberán ser examinadas conforme a las disposiciones legales vigentes.