Santiago Hazim vuelve este miércoles a los tribunales por revisión de coerción
Santo Domingo.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este miércoles la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y a otros nueve imputados por el presunto entramado de corrupción investigado en la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal.
La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana, luego de que el pasado 30 de julio el juez Deiby Timoteo Peguero aplazara el conocimiento del proceso a solicitud del abogado de Hazim, Miguel Valerio, quien pidió más tiempo para preparar la defensa de su cliente. En esa ocasión, el Ministerio Público, representado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, no objetó el aplazamiento.
Durante la audiencia, el tribunal evaluará si continúan vigentes las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión preventiva o si procede mantener, modificar o sustituir las medidas cautelares impuestas a los procesados mientras avanza la investigación.
El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para mantener las medidas de coerción, al considerar que persisten los presupuestos legales que justifican la prisión preventiva dentro de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en SeNaSa.
Por su parte, la defensa de Santiago Hazim ha cuestionado las imputaciones formuladas por el órgano acusador y ha solicitado una reevaluación de las condiciones en que su representado permanece privado de libertad.
Además de Hazim, el expediente incluye a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, entre otros exfuncionarios y suplidores vinculados a la ARS estatal, quienes cumplen prisión preventiva. En tanto, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo permanecen bajo arresto domiciliario.
La revisión de este miércoles no constituye el juicio sobre el fondo del caso, sino un procedimiento establecido por la ley para determinar si las medidas cautelares continúan siendo necesarias durante la etapa de investigación. La decisión del tribunal definirá la situación procesal de los imputados mientras el Ministerio Público continúa con el desarrollo del expediente.