Tribunal Constitucional ordena a la Policía Nacional pagar RD$2.8 millones por incumplir sentencia
Santo Domingo. – La Dirección General de la Policía Nacional enfrenta nuevos cuestionamientos por el incumplimiento de decisiones del Tribunal Constitucional (TC), luego de que ese órgano jurisdiccional ordenara a la institución pagar RD$2,845,000 a Dulce María Lora Solís, viuda del general de brigada retirado José Antonio Feliciano Castillo.
La disposición está contenida en la Sentencia TC/0736/26, emitida el viernes 7 de agosto de 2026, y corresponde al concepto de astreinte, una sanción económica establecida para presionar al cumplimiento de una decisión judicial que ha sido desatendida.
El monto acumulado se originó a partir del incumplimiento de una sentencia dictada en 2022, mediante la cual se había ordenado reconocer el ascenso del oficial y realizar el pago del diferencial retroactivo correspondiente a su pensión.
De acuerdo con el patrón documentado por el propio Tribunal Constitucional, la Policía Nacional aparece como una de las instituciones públicas que con mayor frecuencia ha sido señalada por dificultades o retrasos en el cumplimiento de decisiones definitivas emitidas por el máximo órgano de interpretación constitucional del país.
El caso de Lora Solís vuelve a poner en discusión la obligación de las instituciones del Estado de acatar las decisiones judiciales firmes, especialmente aquellas emanadas del Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia es vinculante para los poderes públicos y órganos estatales.
La figura del astreinte busca evitar que una sentencia permanezca sin ejecución y establece consecuencias económicas ante la resistencia o demora injustificada de la parte obligada a cumplirla.
La decisión del TC representa, además, un nuevo llamado a las instituciones públicas para garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias y evitar que los ciudadanos tengan que recurrir nuevamente a los tribunales para conseguir la ejecución de derechos previamente reconocidos.
El caso también podría generar nuevas discusiones sobre los mecanismos internos utilizados por la Policía Nacional para ejecutar decisiones judiciales relacionadas con ascensos, pensiones y otros derechos de sus miembros retirados y sus familiares.