Exigen explicaciones por más de RD$3,800 millones destinados a obras de agua
Organizaciones comunitarias de Haina, Hato Damas, El Ramón-San Francisco y Nigua anunciaron acciones ante la justicia para exigir explicaciones al Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) y a su director ejecutivo, Wellington Arnaud, sobre el destino de más de RD$3,800 millones destinados a proyectos para mejorar el suministro de agua potable en esas comunidades.
El reclamo surgió durante una asamblea convocada por la Fundación Pro Desarrollo La Trinitaria (FUNPRO-DET), en la que representantes comunitarios cuestionaron que, pese a los recursos anunciados para diferentes obras, persistan las dificultades para acceder al servicio de agua potable y no sean visibles los resultados que, según plantean, deberían corresponder con el monto de la inversión.
Durante el encuentro, el presidente de FUNPRO-DET, César Félix, expuso que los cuestionamientos están relacionados con un contrato firmado en 2003 para la construcción de un pequeño acueducto destinado a las comunidades de El Ramón-San Francisco, en el distrito municipal de Hato Damas. El acuerdo original tenía un valor de RD$23,162,900.14 y, según lo expuesto por las organizaciones, la obra nunca llegó a ejecutarse.
Los comunitarios señalaron que, aproximadamente dos décadas después, nueve adendas elevaron el monto del contrato hasta RD$3,803,633,723.57. De acuerdo con su denuncia, esos recursos están vinculados a proyectos de acueductos en Hato Damas, Villa Altagracia y Bajos de Haina, localidades que continúan enfrentando dificultades relacionadas con el abastecimiento de agua.
Uno de los casos señalados corresponde a Bajos de Haina, donde las organizaciones aseguran que se habría anunciado una inversión de RD$1,040 millones. Los residentes han cuestionado los resultados del proyecto y se han referido a la obra como un “acueducto virtual”. En Hato Damas, los comunitarios señalan una inversión anunciada de RD$1,204 millones, mientras que en Villa Altagracia se habría contemplado un monto de aproximadamente RD$600 millones.
Los representantes comunitarios sostienen que han realizado gestiones ante INAPA y acudido al Tribunal Superior Administrativo y al Tribunal Constitucional para solicitar información sobre el destino de los fondos públicos. Según lo expuesto durante la asamblea, consideran que todavía no han recibido las explicaciones que permitan determinar con claridad el estado de las obras y la utilización de los recursos.
Las organizaciones calificaron como preocupante que las comunidades continúen reclamando soluciones para el acceso al agua potable mientras se reportan inversiones millonarias destinadas precisamente a resolver esa problemática. También manifestaron que su intención es obtener información documentada sobre los contratos, las modificaciones realizadas y las obras ejecutadas.
Como parte de las acciones acordadas, la información recopilada será entregada a un equipo de abogados colaboradores del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), que evaluará las vías legales que podrían utilizarse para continuar con el reclamo ante los tribunales.
Durante la asamblea también quedó constituido un Comité Coordinador integrado por representantes de organizaciones comunitarias de las localidades involucradas. El objetivo del grupo será dar seguimiento a las gestiones y recopilar información relacionada con los proyectos cuestionados.
Las acusaciones sobre presuntas irregularidades fueron planteadas por los representantes comunitarios durante la asamblea y forman parte de su solicitud de rendición de cuentas. Corresponderá a las autoridades y a los organismos competentes determinar, mediante los procedimientos correspondientes, el estado de las obras, el destino de los recursos y si existen responsabilidades administrativas o legales relacionadas con los contratos señalados.