Justicia dominicana en deuda con el asesinato de cinco jóvenes del Club Héctor J. Díaz
No hubo juicio contra los culpables del horrendo crimen, que fue atribuido a la llamada "Banda colorá", cuyos integrantes cometían desmanes bajo el amparo del gobierno de los llamados "doce años" de Balaguer, quien lo atribuyó a "fuerzas incontrolables"
El asesinato de los jóvenes del Club Cultural y Deportivo Héctor J. Díaz, de cuyo hecho se cumplen este viernes 55 años, permanece como una rémora sobre la justicia dominicana, que no ha sido capaz de procesar a los acusados.
En horas de la madrugada de sábado 9 de octubre de 1971, en el barrio 27 de Febrero, localizado en el corazón de la zona norte del Distrito Nacional, una patrulla policial apresó a cinco jóvenes, ninguno de los cuales pasaba de 21 años de edad, justamente cuando regresaban de un colmado de comprar velas con el fin de velar a un compañero miembro del Club Héctor J. Díaz.
Posteriormente, los cuerpos de Radhamés Peláez Tejeda, Rubén Darío Sandoval, Víctor Fernando Checo, Reyes Florentino Santana y Gerardo Bautista Gómez aparecieron mutilados y esparcidos por varios puntos de la geografía nacional.
El hecho fue atribuido a un grupo de bandoleros, algunos ex-izquierdistas, miembros de la denominada “Banda colorá”, que actuaba bajo el amparo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la época.
Esa madrugada del 9 de octubre de 1971, los jóvenes se encontraban participando en las honras fúnebres de un compañero de club que había fallecido trágicamente en un accidente de tránsito.
Al regresar de un colmado cercano de comprar velas y cigarrillos, una patrulla de la Policia los detuvo y posteriormente fueron encontrados asesinados.
Tras su detención, los muchachos desaparecieron. Sus cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos de Santo Domingo, presentando signos de brutales torturas y mutilaciones.
El crimen causó una profunda conmoción, indignación y dolor en la sociedad dominicana, debido a que eran muchachos dedicados al deporte, la cultura y el desarrollo comunitario, sin vínculos políticos radicales que justificaran la agresión.
De ahí que muchos historiadores y allegados calificaron el hecho como una tragedia de "mártires por error" o producto de la paranoia represiva del momento.
En memoria de esta masacre y del sacrificio de estos jóvenes clubistas, en la República Dominicana se conmemora cada 9 de octubre el Día Nacional de los Clubes, una fecha destinada a recordar la importancia del movimiento asociativo, deportivo y cultural en los barrios como bastión de valores y sana convivencia para la juventud.
Sin castigo
Como ocurrió con la gran mayoría de los crímenes políticos y violaciones a los derechos humanos cometidos por los organismos de seguridad del Estado y los grupos paramilitares (como "La Banda Colorá") durante los llamados "doce años" de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, los acusados de este horrendo crimen nunca fueron identificados ni recibieron una condena judicial.
La situación legal e histórica de los responsables de la masacre del Club Héctor J. Díaz se caracterizó por lo siguiente: Impunidad institucional y pérdida de expedientes. Aunque en los primeros días tras el escándalo nacional algunos miembros de patrullas policiales y civiles vinculados al grupo fueron señalados o presentados ante la opinión pública (como algunos integrantes de bandas paramilitares que alegaron inocencia y culparon directamente a la Policía), el proceso judicial formal no prosperó.
Con el paso de las semanas y meses, las investigaciones se estancaron deliberadamente, los expedientes clave desaparecieron de los tribunales durante la fase de instrucción y el caso quedó sepultado bajo el manto de la impunidad oficial.
Los ejecutores materiales y los mandos militares o policiales que idearon, encubrieron o toleraron la represión contaban con la protección del régimen gobernante, lo que impedía cualquier investigación independiente o juicio imparcial en los tribunales de la época.
Ante la negativa de la justicia dominicana de sancionar a los culpables, el castigo para los responsables ha sido exclusivamente moral e histórico. Los nombres de los jóvenes masacrados se convirtieron en símbolos imperecederos de resistencia cívica, y cada año se recuerda el caso para evitar que el olvido opaque una de las páginas más oscuras de la represión política en el país.
A pesar de que el clamor popular y los familiares exigieron justicia desde el primer día, el sistema judicial de la época y el poder político se encargaron de bloquear el proceso. Los expedientes se extraviaron de manera misteriosa en los tribunales y ningún responsable (ni material ni intelectual) pisó la cárcel por este crimen.
Fuerzas incontrolables
Los esfuerzos ante el Gobierno en procura de lograr justicia fueron en vano. El doctor Joaquín Balaguer en el disfrute de su primer periódo de mando de los 12 año se limitó a ofrecer una escueta y célebre respuesta ante la pregunta de la prensa: «No tengo comentarios… eso es producto de fuerzas incontrolables».
La frase "fuerzas incontrolables" se convirtió en una de las expresiones políticas más tristemente célebres de la historia dominicana de los doce años de Balaguer y recordada amargamente en la actualidad.
Era la forma habitual en que Balaguer atribuía los crímenes, desapariciones y abusos de grupos paramilitares de extrema derecha, como el escuadrón conocido como "La banda colorá", a sectores descontrolados que supuestamente escapaban al manejo o la autoridad del Estado.
Aunque públicamente su respuesta inicial fue evasiva con el argumento "fuerzas incontrolables", la presión nacional e internacional por el horrendo crimen obligó al gobierno a tomar acciones políticas inmediatas.
Dos días después del hecho, Balaguer destituyó al jefe de la Policía, general Enrique Pérez y Pérez, a quien se le señalaba de encubrir y proteger a los autores de la masacre.
¿Quienes fueron los responsables?
En el contexto de la época y de acuerdo con las investigaciones periodísticas, los reclamos de la sociedad civil y las medidas adoptadas por el propio gobierno, los principales señalados como responsables de la masacre de los cinco jóvenes del Club Héctor J. Díaz fueron agentes de la Policía Nacional.
Pérez y Pérez era el jefe de la Policía en ese momento y el hombre fuerte del aparato represivo estatal. Debido a la presión nacional e internacional y al señalamiento directo, de que la patrulla policial que detuvo a los muchachos operaba con total impunidad, Balaguer destituyó a Pérez Pérez dos días después del crimen , el 11 de octubre de 1971.
A la Policía se le acusó de encubrir el secuestro o de permitir que los cuerpos represivos actuaran en la zona norte de la capital (barrio 27 de Febrero).
Se señaló también al grupo paramilitar "La banda colorá". La opinión pública, los partidos de oposición y la prensa de la época señalaron directamente al grupo de choque ultraderechista, integrado en muchos casos por exizquierdistas que operaban bajo protección oficial.
Se apuntó a este grupo paramilitar y a sus cabecillas como los autores materiales del secuestro, las brutales torturas y el asesinato de los muchachos (Radhamés Peláez Tejeda, Rubén Darío Sandoval, Víctor Fernando Checo, Reyes Florentino Santana y Gerardo Bautista Gómez).
Aunque Balaguer intentó desvincular a su gobierno etiquetando a los autores como "fuerzas incontrolables" ajenas a su control, la lectura generalizada de la oposición política, la Iglesia Católica, encabezada entonces por monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, y las familias de las víctimas, fue que se trató de un crimen de Estado o ejecutado con la tolerancia y el amparo de los aparatos de seguridad del régimen de los "doce años".
A pesar de los clamores de justicia de la época y de los reportes de la prensa, el expediente judicial formal se diluyó en la fase de instrucción y el caso quedó formalmente en la impunidad judicial.