Faride Raful rechaza los abusos policiales y reafirma compromiso con el respeto a los derechos ciudadanos
Santo Domingo, República Dominicana.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que las autoridades no están de acuerdo con los abusos policiales y reiteró que ningún miembro de los organismos de seguridad está por encima de la ley, por lo que las actuaciones de los agentes deben desarrollarse respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
"No estamos de acuerdo con los abusos policiales", expresó la funcionaria al referirse a las actuaciones irregulares que puedan producirse durante los operativos y procedimientos realizados por los miembros de la Policía Nacional.
Raful sostuvo que el cumplimiento de las responsabilidades de los agentes del orden debe estar acompañado de disciplina, responsabilidad y respeto a las garantías constitucionales. En ese sentido, señaló la importancia de que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población actúen conforme a las normas y protocolos establecidos.
La posición de la ministra se produce en un contexto en el que el comportamiento de los cuerpos policiales continúa siendo objeto de atención y debate público, particularmente por las denuncias de ciudadanos sobre presuntos excesos durante intervenciones y operativos de seguridad.
El tema de los abusos policiales constituye uno de los desafíos vinculados al proceso de transformación de la Policía Nacional, que busca fortalecer la formación de sus integrantes, mejorar los procedimientos de actuación y promover una cultura institucional basada en la protección de los derechos humanos.
Asimismo, la supervisión de las actuaciones policiales y la investigación de posibles irregularidades son aspectos fundamentales para garantizar que cualquier denuncia sea examinada y que, cuando se comprueben violaciones a la ley, se establezcan las responsabilidades correspondientes.
La ministra ha reiterado la importancia de mantener el equilibrio entre las labores de prevención y persecución del delito y el respeto a los derechos de las personas, principios que deben orientar el trabajo de las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana.
Las declaraciones vuelven a colocar en discusión la necesidad de fortalecer la confianza entre la población y los organismos de seguridad, así como de garantizar que las intervenciones policiales se realicen con apego a la Constitución y las leyes.